En 1999, el Gobierno de Costa Rica proclamó el 27 de julio como el día Nacional de la Vida antes de Nacer. En el artículo 121 del código penal, se establece que la interrupción voluntaria del embarazo es un proceso ilegal, y únicamente es permitido cuando el embarazo pone en riesgo la vida y salud de la mujer gestante y que después de varios estudios los médicos determinen que el embarazo debe ser interrumpido.

Además de lo anterior en el sector salud de Costa Rica, no existe un manual de procedimientos o protocolo para atención en los casos de abortos terapéuticos. Esto ha generado que el acceso de las mujeres a una interrupción de su embarazo, sea muy limitado tanto por la parte médica, como por valores, prejuicios y creencias religiosas del personal de salud.

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A pesar de las restricciones legales y morales, el comité de los Derechos Humanos de Costa Rica, es consciente de las graves consecuencias que tienen para las mujeres el hecho de que el aborto sea un tema penalizado, provocando así los abortos clandestinos, los cuales son un grave problema de salud pública ya que ponen en peligro la vida y salud de la mujer que recurriré a ellos. El comité recomienda al gobierno que se modifique la ley para introducir leyes que hagan excepciones a la prohibición general del aborto.

A pesar de que han surgido diferentes movilizaciones sociales para exigir la despenalización del aborto, hasta el momento no ha surgido ningún cambio y la realidad es que en Costa Rica pesan más los valores religiosos y morales, que los avances científicos y el derecho que tienen las mujeres a la salud y la vida.

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