El derecho a la objeción de conciencia
En el país los centros de salud están obligados a garantizar el aborto en los casos que está considerado como no punible por la ley, pero también los médicos tienen el derecho a declarar su objeción de conciencia, algunos se niegan por motivos religiosos o personales, pero también existe el miedo a tener conflictos judiciales, a ser cuestionados éticamente o a las represalias por parte de las parejas o de los padres de las mujeres que buscan este servicio.
Pero el problema se genera cuando en un hospital o clínica la mayoría de los profesionales son objetores y de esta manera se complican las interrupciones de los embarazos, atrasándose o no se llevan a cabo.
La objeción de conciencia es definida por La Academia Nacional de Medicina como el testimonio pacífico y apolítico por el que un médico puede no ejecutar un acto reglamentariamente permitido, sin que esto signifique el rechazo de la persona y el abandono del paciente.
El protocolo para la atención de las mujeres con derecho a la interrupción legal del embarazo tiene carácter obligatorio a nivel nacional en centros sanitarios públicos y privados, en estos se respeta el derecho que tienen los profesionales a objetar ante algunas prácticas, pero si la institución no cuenta con el personal ni el equipo adecuado para que se realice un aborto deberá de garantizar este de cualquier forma.
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En el país aún no se ha confirmado la forma con la que se garantizara que todos los centros de salud realicen las interrupciones legales de los embarazos, por lo general los servicios de obstetricia de los hospitales públicos y las clínicas privadas hacen una lista con los nombres de los médicos que se declaran objetores, algunos son objetores parciales esto significa que deciden según sea el caso.
Se presentan casos en los que todos son objetores de conciencia y el aborto lo hace el jefe del servicio o el director del hospital, pero ¿qué pasa si el si el director maneja otra especialidad? Si por ejemplo es traumatólogo, estos vacíos suelen ocurrir, dificultando así a la mujer el acceso a este derecho.
Hay instituciones donde la totalidad de los especialistas en obstetricia y ginecología se niegan a practicar un aborto, en estos casos muchas veces son las autoridades hospitalarias quienes los terminan llevando a cabo, aunque esa tarea no les pertenezca.
En muchas localidades de nuestro país uno de los principales problemas en maternidad es que la totalidad de los médicos se niegan a realizar una interrupción legal, y cada vez que se deba de practicar un aborto se presenta un problema pues no hay nadie que lo pueda hacer.